Joaquín Grez Mansilla
Investigador área Estudios, evaluación y sostenibilidad.

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de Chile, Mejor Niñez, atiende cerca de 115.000 niños, niñas y/o adolescentes, mientras que, aproximadamente, 25.000 se encuentran en listas de espera para su atención. Estos antecedentes dan una primera aproximación cuantitativa a la magnitud de la responsabilidad que tiene el Estado chileno para responder a la demanda de diagnóstico, atención y tratamiento de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos.

El Servicio, que ha iniciado plenamente sus funciones en octubre de 2021, luego de la publicación de la ley 21.302, corresponde a la nueva institucionalidad con que nuestro país busca hacer frente a este desafío. Uno de los puntos críticos que precipitó la transformación, fue la publicación de investigaciones y noticias que daban cuenta de gravísimas vulneraciones e incluso fallecimientos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la protección del Estado. Dentro de las modificaciones destacan: un cambio de administración y gobernanza (antes, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que ahora es conducido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia); la promoción de instancias de participación para los niños, niñas y adolescentes; la incorporación de las familias como sujetos de atención e intervención; mayores espacios de acompañamiento, supervisión y fiscalización, por parte del Servicio, a quienes implementan los programas ambulatorios o residenciales; un fortalecimiento de los sistemas de formación y capacitación para los equipos que trabajan en protección especializada; entre otras. Detengámonos en este último elemento.

Imaginemos por un momento los centros que trabajan con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. ¿Cómo deben ser los equipos técnicos o profesionales que se desempeñan laboralmente en estos lugares? Si consideramos que el objetivo último es la protección y reparación de historias de vida con eventos altamente traumáticos, deberían estar preparados para abordar la complejidad que reviste esta tarea. La labor puede corresponder a psicólogos/as, trabajadores/as sociales, cuidadores/as de trato directo, entre otros (dependiendo del centro), pero, en líneas generales, todos quienes trabajan ahí deberían contar con herramientas para comprender, acompañar, intervenir y vincularse con niños, niñas y adolescentes dañados y vulnerados. Pues bien, ¿qué elementos clave debieran considerarse para la formación de quienes trabajan con estas infancias y/o juventudes?

Si bien es una pregunta compleja, algunos cambios positivos realizados por la nueva institucionalidad buscan hacerse cargo del desafío de responderla. La mejora y robustecimiento de un sistema formativo está siendo conducido por el departamento de Asistencia y Transferencia Técnica del Servicio, y se está llevando a cabo, al menos, en dos sentidos.

Por un lado, mediante el diseño, planificación e implementación de instancias de formación más sistemáticas y en tópicos altamente sensibles, subrayando el carácter imperativo y ético de capacitarse para quienes trabajan ya sea en administración directa o en Organismos Colaboradores Acreditados (conocidos como OCAs, que son las que en su mayoría implementan los programas de protección).

Por otro lado, se está desarrollando un Sistema de Formación, Entrenamiento y Modelamiento para la Transferencia Técnica, que busca instalar una academia de formación permanente y pertinente para las cinco líneas de acción del Servicio. Si bien es un trabajo que está todavía en fase de desarrollo, uno de los puntos fuertes que propone es una malla formativa basada en competencias afines al trabajo cotidiano de lo que realizan los diversos proyectos de intervención. Relacionado con esto, la academia tendría un énfasis en el acompañamiento y el trabajo conjunto de cada equipo de protección que esté capacitándose, en la forma de un acompañamiento supervisado. Este último, es una herramienta de enseñanza- aprendizaje poderosa, ya que permite la transferencia en la práctica -con situaciones reales de niños, niñas y adolescentes con quienes estén trabajando-, de las competencias y conocimientos que se estén analizando en la formación de la academia.

Es de esperar que la academia haga de la formación un proceso continuo para quienes trabajan en proyectos de intervención en protección especializada. Esta continuidad debiera ser acompañada de una mayor articulación de las formaciones, que típicamente se han realizado de manera aislada y poco integrada, muchas de las veces respondiendo a una necesidad particular de cada equipo de intervención. Esto, en conjunto con un trabajo colectivo de los miembros de los equipos, que permita traspasar los límites que establecen los cargos (p.ej., psicólogo/a o trabajador/a social), son aspectos relevantes si se quiere promover una protección e intervención más integral de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Por otra parte, el establecimiento de esta academia, junto con los saberes y competencias que determinará, abre otras preguntas. En específico, ¿qué ocurrirá con las múltiples y diversas instancias de formación que ofrecen otros prestadores, como instituciones de educación superior, Organismos Técnicos Especializados (OTEC), fundaciones, e incluso OCAs? Muchos de estos espacios, de iniciativas privadas, son dirigidos a equipos que trabajan con infancias en situación de vulnerabilidad, y no es claro que exista una propuesta de Mejor Niñez que busque incidir, ya sea supervisando, monitoreando o estableciendo estándares. En la línea de la colaboración público-privada que está a la base de la organización e implementación del Servicio -alrededor de un 90% corresponden a organismos colaboradores-, se hace necesario iniciar, desde el nivel central, procesos o lineamientos que orienten los programas formativos de las instituciones privadas, aquellas que son independientes de la academia y que buscan formar a quienes trabajan con el daño y complejidad de infancias y juventudes vulneradas en sus derechos.

Así se lograría avanzar en robustecer un sistema formativo tanto a nivel público como privado.